
Yucatán bajo la sombra de la violencia de género tres muertes en cinco días fracturan la percepción de Justicia de género.
MÉRIDA, YUCATÁN.— Una profunda ola de indignación y exigencia de justicia recorre el estado tras confirmarse el fallecimiento de tres mujeres en un lapso de apenas cinco días. La concentración de estos hechos violentos, ocurridos entre el domingo 25 y el jueves 28 de mayo, ha encendido las alarmas de la ciudadanía y de colectivos feministas, quienes señalan una grave crisis en los mecanismos de prevención y protección a las mujeres en la entidad.
Cinco días de emergenciaLa cronología de esta semana negra comenzó el pasado domingo 25 de mayo con el reporte del primer deceso. Sin embargo, la tensión escaló la noche del miércoles 27, cuando el cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en el sur de Mérida. Menos de 24 horas después, este jueves, un nuevo hecho violento sacudió al fraccionamiento Las Américas, una zona residencial del norte de la capital, confirmando que la violencia de género no distingue sectores socioeconómicos.Hasta el momento, las autoridades ministeriales mantienen abiertas las carpetas de investigación correspondientes.
Aunque en algunos de los casos ya se evalúa la tipificación de feminicidio, la opacidad inicial en las investigaciones ha generado desconfianza entre los familiares de las víctimas.
”Había antecedentes” Activistas y colectivos en favor de los derechos de las mujeres han manifestado que esta racha de violencia no es fortuita. Apuntan a que, en varios de estos casos, existían denuncias previas por violencia familiar o solicitudes de medidas de protección que fueron minimizadas o ignoradas por las instituciones encargadas de procurar justicia.
”No se trata de hechos aislados, sino de una cadena de omisiones institucionales. Muchas de estas muertes pudieron evitarse si las llamadas de auxilio y las denuncias previas hubieran tenido un seguimiento real”, señalaron integrantes de agrupaciones locales.
La percepción de Yucatán como un “oasis de paz” ha quedado severamente cuestionada por sus propios habitantes. Vecinos de las zonas afectadas y la sociedad civil organizada exigen de manera urgente tomar cartas en el asunto y darle seguimiento a cada caso denunciado.
Auditoría interna a las instituciones de respuesta rápida y de atención a la violencia intrafamiliar para detectar por qué fallaron las alertas previas.
Políticas públicas reales de prevención que dejen de lado los discursos políticos y se traduzcan en presupuesto y personal capacitado en las calles y ministerios públicos.
Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) avanzan en las indagatorias de los tres casos, el miedo y la exigencia de “Ni Una Más” se extienden en un estado que hoy se encuentra de luto.




